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La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en centros privados de salud contribuiría a acelerar el plan público de inmunización del Gobierno de México, que hasta ahora monopoliza el sector por tratarse de un asunto de “seguridad nacional”, coincidieron expertos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha abierto la puerta a que eso ocurra cuando se den las condiciones, ya que hasta el momento la escasez de vacunas disponibles de Pfizer-BioNTech, la única aprobada en México, solo ha permitido que la manejen Gobiernos nacionales.
“Si empresas quieren comprar la vacuna y distribuirla en México, no hay ningún obstáculo. Solo se va a solicitar. Este fue ya un acuerdo que se tuvo, que presenten su escrito, su petición y que anexen el contrato de compra de la vacuna”, reiteró el mandatario este miércoles, si bien recordó que el Gobierno planea adquirir vacunas suficientes para todos los mexicanos.
Acelerar las vacunaciones
Hasta el momento, el país solo ha recibido algo más de 53,000 dosis de la vacuna de la estadounidense Pfizer, todas aplicadas al personal sanitario por parte del propio Ejecutivo.
El Gobierno mexicano pretende tener inmunizados a todos los trabajadores de la salud cuando acabe enero y a sus 130 millones de habitantes en marzo del 2022, una fecha que la distribución privada podría acelerar.
“Eso permitiría ir mucho más rápido que tener que estar haciendo una sola fila en el servicio público”, explicó el epidemiólogo de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) Malaquías López.
López destacó que “cualquier esfuerzo para incrementar el despliegue y cobertura de la vacuna debe ser bienvenido”, sobre todo si es “rápido” aunque solo alcance a “una población que tiene capacidad de pago”.
“Si fuera posible, sería muy bueno, porque que cada quien pague su vacuna alivia la presión sobre el sector público”, ratificó el doctor Alejandro Macías, epidemiólogo y responsable de gestionar a nivel nacional la epidemia de influenza que México afrontó en el 2009.
Sin embargo, la distribución de vacunas en la sanidad privada contra el COVID-19, que ha dejado 1.4 millones de contagios y casi 124,000 muertos en el país, presenta algunas dificultades más allá de la escasez actual que está obligando a los países a aplicarla en cuentagotas.
Todavía no se pueden comercializar
“El problema es que en este momento no existe ninguna vacuna que tenga lo que se conoce en México como el registro sanitario y en otros países como la autorización sanitaria definitiva, porque los estudios no están todavía concluidos”, recordó Macías.
Las fórmulas de las estadounidenses Pfizer y Moderna, de la británica AstraZeneca o de la china CanSino, detalló el doctor, tienen la condición de “uso emergente” en los países en los que ya se pueden inyectar.
“Lo cual quiere decir que dada la situación de desastre natural, o como se le quiera llamar, se les da ese registro emergente mientras se tienen los datos definitivos. Por definición, eso no se puede comercializar todavía”, apuntó el antiguo encargado de combatir la influenza.

Registrar a los que estén vacunados
Otro de los retos que se presentan, apuntó López, es tener un padrón de los vacunados “independiente de la afiliación” pública o privada de cada persona.
“Tiene que haber un registro bien claro de quiénes deben vacunarse, cuándo, dónde y con qué, de manera que se garantice que completan los esquemas y que ya tienen cobertura”, señaló.
El control es necesario, expresó el epidemiólogo de la UNAM, para evitar que pueda haber pacientes que se vacunen dos veces e incluso para no dar prioridad a quienes ya se hayan infectado de manera natural.
“¿Qué puede pasar, que alguien se la ponga dos veces o tres? No pasa nada. Ese no es un problema habitualmente. El sector privado generalmente contribuye a que los esquemas de vacunación sean más completos”, reflexionó Macías al respecto.
Disposición en el sector
El Gobierno de México tiene contratos de precompra de 34.4 millones de vacunas de la estadounidense Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca y 35 millones de la china CanSino, pero el sector privado no esconde su interés en hacerse con fórmulas contra el COVID-19.
“En cuanto haya la posibilidad de que se pueda importar, nosotros estaremos ahí para poder dispensar a las farmacias. Nuestros clientes están muy interesados y receptivos al tema de la vacuna”, explicó el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra.
Becerra reveló que ya ha mantenido contactos con Pfizer, pero que la empresa estadounidense aplazó la negociación con la iniciativa privada a “junio o julio”.