Por la época en la que se promulgó la actual Constitución Española, las aspiraciones más sentidas por los
españoles se referían al desarrollo y la modernidad,
cifradas ambas en la meta de ser europeos. Los estudios sociológicos y demográficos de la época reflejan
claramente este punto de vista. España aparecía a la
cola de los países europeos en compañía de Irlanda,
Grecia y Portugal, los países más religiosos y pobres.
La cuestión era si algún día llegaríamos por fin a ser
laicos y ricos. Veinticinco años después hemos llegado,
al menos en lo que toca a las tres variables demográficas básicas: natalidad, mortalidad e inmigración.
Los cambios en la población han sido tan rápidos y
tan intensos que se ha hablado de «revoluciones»1
y
hasta de «terremotos» en los cimientos de la estructura
social (Beltrán, 1992; 2002). La pregunta ahora es si no
nos habremos pasado de modernos, en especial en materia de natalidad: vamos a tener muchos ancianos y
muy pocos jóvenes, y eso tiene consecuencias sociales
con las que nunca hasta ahora nos las hemos tenido
que ver. ¿Quién va a pagar tantas pensiones? ¿Quién
va a cuidar de tantos ancianos? ¿Podemos llenar el
hueco con inmigrantes? ¿No plantea la inmigración
riesgos de fractura social y de pérdida de identidad?
