El 24 de marzo de 1976, los argentinos inauguramos una nueva etapa de nuestra historia signada por la represión violatoria de todos los Derechos Humanos, la disolución social, la férrea fijación de los límites del disenso y el avance de la corrupción sobre el estado y la sociedad. La situación en el plano internacional se presentaba favorable para los golpistas, la creación de la Trilateral Comission, y la actualización de los términos de la convivencia con la URSS tras el encuentro de Leonid Brezhnev y Gerald Ford, así lo indicaban. La política económica del régimen militar significó una alteración profunda de los patrones que caracterizaron a las gestiones económicas precedentes, por su objetivo de reestructuración integral de la propia organización social. Este intento refundacional debía basarse en un férreo control sobre el aparato del estado que permitiría la constitución de condiciones de dominación social mediante el “disciplinamiento”, en especial de los trabajadores y una marcada redistribución del ingreso nacional, la redefinición del estado que no consistía sólo en su “jibarización” o achicamiento, sino principalmente en su reorientación, y como dice Marcelo Cavarozzi, la eliminación de todo vestigio de las políticas “populistas” del Justicialismo.
